La tardía trasposición de la Directiva 2018/1972 del Parlamento y Consejo de Europa que ha impulsado la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual ha terminado con polémica por una desleal enmienda socialista que hace que cualquier productora sea susceptible de ser considerada independiente y por la abstención salvadora del Partido Popular, que abona su regreso a La Moncloa con este movimiento táctico que le proporciona simpatías entre los operadores en abierto.
Repasemos los cuatro 4 grandes errores de esta nueva regulación de una industria que genera riqueza y crea cultura.
Las plataformas de streaming que declaren al menos 50 millones de euros de ingresos anuales tendrán la obligación de invertir un escaso 5% en producir obra, y el 70% de esta cantidad (3,5%) en producción independiente. Esta cuota resulta muy llamativa en comparación con otros países vecinos: Italia obliga a las OTT a que inviertan entre el 12,5% y el 20% mientras que en Francia oscila entre el 20% y el 25%.
Cabe recordar que Pedro Sánchez se reunió con directivos de Netflix en su viaje a Estados Unidos de julio del pasado año y visitó en octubre las instalaciones de la OTT estadounidense en Tres Cantos. El rey del streaming le devolvió un guiño firmando un acuerdo con la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de Euskadi y la Xunta de Galicia para emitir apenas 70 obras en lenguas cooficiales.
La intención de Netflix era relajar el debate con la intención de que ERC votase favorablemente a la ley. Pero los republicanos en pocas horas pasaron del ‘sí’ al ‘no’ tras la decisión del PSOE de enmendar un texto salido del Consejo de Ministros para enfado de Unidas Podemos, que se abstuvo.
RAMÓN ZALLO Y LOS LOBBIES
El catedrático de la Universidad del País Vasco, Ramón Zallo, explicó en conversación con MERCA2.es que estas compañías estadounidenses “tienen poderosos lobbies en las instituciones europeas, así como la protección del Gobierno de EEUU. Por su parte una Europa hegemonizada por las derechas y sus discursos neoliberales, ha ido en retroceso en las reflexiones sobre la ‘excepción cultural’, primero, y sobre la diversidad, después, con un retroceso añadido y creciente del rol de los servicios públicos y una incapacidad manifiesta para sobrepasar la óptica estatal y de operar en el mercado europeo como tal con grupos a la altura de Prime, HBO, Netflix,.. que sí están en todos los mercados europeos”.
La Plataforma Audiovisual de Productores Independientes (PAP) ya advirtió tras ver el borrador de la Ley Audiovisual que “la confusión entre las productoras realmente independientes y las que la ley permite pasar por tales, cuando claramente son herramientas de grandes plataformas y cadenas de televisión, que dependen completamente de lo que estas decidan y que forman parte con mayor o menor claridad de grandes grupos empresariales internacionales”
“Esta convivencia entre los dos tipos de producciones ha sido y sigue siendo extremadamente positiva y enriquecedora, contribuyendo a dotar de más peso al sector audiovisual español y a crear un tejido industrial más competitivo”, opinaron.
Lo cierto es que la enmienda socialista hace que Buendía Estudios (ligada a Atresmedia) o Mediterránea (Mediaset) puedan ser consideradas independientes. Cierto que es que la patronal televisiva UTECA recordó en relación a Bambú, Zebra o Cuarzo que “las multinacionales francesas propietarias de grandes productoras españolas, principales beneficiadas de la obligación de multiplicar por cuatro la inversión en producción independiente”.
Los operadores en abierto, con toda la razón, recordaron que una vez más que ellos sufren las obligaciones que impone el Gobierno, soslayando que Mediaset o Atresmedia son las grandes creadoras de trabajo en la industria española, además de las grandes pagadoras de impuestos ante unas OTT globales que utilizan la ingeniería fiscal para sortear a Hacienda.
Los perjudicados por la Ley Audiovisual serán los verdaderos productores independientes, cuyos argumentos se convierten en inaudibles ante el griterío de las OTT, los operadores en abierto y varios productores VIP.
El Gobierno exime a las teleco del pago de un canon para financiar RTVE, que a partir de 2023 será sostenida por un porcentaje de los ingresos de las compañías de streaming. Este hecho, recuerda UGT, condena a la “inestabilidad” a la Corporación pública estatal.
“Los medios de comunicación públicos necesitan una financiación estable. Necesitan una ley que siente las bases para una financiación estable que garantice su independencia”, dicen desde el citado sindicato. Comisiones Obreras, por su parte, cree que las OTT, que son difícilmente fiscalizables, apenas aportarán a RTVE en torno a 10 millones de euros, cifra lejana a los 120 millones anuales que hasta ahora aportan las telecos.
Ramón Zallo explica que “el proyecto de Ley es una oportunidad perdida pues se limita a una trasposición conservadora de la Directiva europea de servicios audiovisuales (2018), con mantenimiento de los aspectos lesivos de la legislación vigente y desaprovechamiento de nuevas posibilidades regulatorias. Tiene una visión mercantilista de la comunicación, por encima de los derechos comunicativos, trata de manera muy timorata a los nuevos operadores a petición, streaming e intercambio de videos y no da un salto en favor de los servicios públicos como garantía de democracia y progreso“.
Y sobre el futuro cree que a la sociedad Zallo cree que la encaminan a ser “trasparente en lo que se refiere a nuestros datos – estamos expuestos, desnudos y vigilados-, opaca en su disposición –no sabemos quienes los tienen ni cómo se venden, siendo además un gran activo de nuestro tiempo-, y manipuladora en su gestión, tanto con propósitos comerciales compulsivos que no respetan intimidad alguna, como de orientación de conductas en todos los planos políticos y sociales desde unas relaciones públicas generalizadas y full time. Todo ello conlleva una sobreinformación sobre lo anecdótico y lo descriptivo, una desinformación sobre lo relevante y sustancial y una deseducación gigantesca en valores humanos y democráticos”.