Por la dictadura, en Nicaragua no quedan periódicos impresos, hay tres redacciones confiscadas, los periodistas no firman sus notas y reina la autocensura. Más de 120 periodistas han tenido que abandonar el país para seguir informando y, en muchos casos, seguir vivos. Columna de opinión desde el exilio.

Wilfredo Miranda Aburto* San José, Costa Rica Ilustración: Camila Santafé / Vorágine

Por Colombia siento, desde muy joven, una enorme afinidad. No recuerdo cómo los vallenatos se volvieron parte fundamental de mi cancionero, pero cuando me zambullí en el universo garciamarquiano creía que mi pueblo, Nandaime, en el sur de Nicaragua, era una especie de apéndice inalámbrico de Valledupar. La primera vez que viajé a Bogotá lo consideré un sueño cumplido; probé el aguardiente, el sancocho, bailé en el Parque Lleras de Medellín y en la capital me convertí en un asiduo de la Librería Merlín. Desde Centroamérica, sigo de cerca y con interés periodístico lo que pasa con Colombia. Por eso cuando Gustavo Petro ganó la Presidencia sentí que era justo. 

Los colombianos eligieron un inédito giro a la izquierda para intentar otra fórmula, en los últimos años delineada por el uribismo y sus bravuconadas. El triunfo de Petro me encontró en Costa Rica, en el exilio. Su llegada al poder representaba para muchos nicaragüenses perseguidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo un revés en el plano internacional, ya que, por no citar argumentos más estridentes, se perdería la voz de condena de Colombia en foros como la Organización de Estados Americanos (OEA). Mi postura era un poco más mesurada, pensaba que Petro no apoyaría al régimen sandinista, y que su victoria en Colombia no debía ser satanizada a la luz de la polarización ideológica.

Sin embargo, en la primera oportunidad que la administración de Petro pudo participar en una condena a la persecución en Nicaragua contra la Iglesia católica, Bogotá se ausentó de la sesión en la OEA . Las críticas de los ‘nicas’ perseguidos ganaron más peso y también llovieron recriminaciones en Colombia y en otros países. Realmente sobraban las razones. El balance que, creía, podía tener Petro se difuminó. ¿Cómo no condenar sin ambages una dictadura que ha disparado a matar, que ha masacrado al menos a 355 personas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tortura a los presos políticos; que persigue, encarcela y exilia a obispos, sacerdotes, músicos, periodistas, empresarios, campesinos, estudiantes, feministas, activistas, abogados, a los miembros de la comunidad LGTBQ, a la sociedad civil y a todo aquel que tenga una postura crítica contra el proyecto totalitario de los Ortega-Murillo? 

Escribo desde el exilio porque hacer esto que hago, escribir estas líneas, es considerado por la dictadura Ortega-Murillo una transgresión que denominan “ciberdelitos”; en otras palabras, “noticias falsas” que ameritan como mínimo ocho años de prisión; o podría ser el delito que al régimen se le antoje: “traición a la patria”, “menoscabo a la integridad nacional”, “lavado de dinero” o en querellas más generales: simple y llanamente “golpista”. 

Precisamente fue por “violar” la Ley de Ciberdelitos que la Fiscalía me amenazó en 2021 con enviarme a prisión. Fue un interrogatorio largo y feroz que se dio en medio de la escalada represiva que Ortega y Murillo desataron en ese entonces contra opositores, activistas, precandidatos presidenciales, empresarios, campesinos, feministas, y que derivó en la supresión de todas las voces críticas en Nicaragua. De esa manera la pareja presidencial despejó el camino para perpetuarse en el poder en una elección sin competencia ni transparencia. A partir de entonces, más de 120 periodistas nos hemos ido para preservar nuestra libertad y seguir informando. Recientemente, toda la redacción del diario La Prensa se exilió por completo y la imposición del silencio a golpe de mazo policial es brutal: no quedan periódicos impresos, hay tres redacciones confiscadas, los periodistas no firman sus notas, la autocensura reina y ejercer el oficio es imposible ante la persecución. En los primeros ocho meses de 2022, los Ortega-Murillo han cerrado treinta medios de comunicación . Aún así no callamos. 

La respuesta de la Cancillería de Petro a su ausencia en la sesión de la OEA fue bien vaga y dejaba entrever “gestiones” que respondieron “a razones estratégicas y humanitarias, pero no ideológicas”. Luego de ese comunicado, los Ortega-Murillo decidieron exhibir a los presos políticos recluidos desde hace más de un año en las lúgubres celdas de El Chipote, una prisión donde se tortura en pleno siglo veintiuno . Se atribuyó esta presentación al acercamiento de Bogotá, pero no hubo certezas. Se especuló mucho y la Cancillería colombiana no fue transparente, alegando una estrategia para no entorpecer las “gestiones”. 

Sin embargo, la administración sandinista dejó claro que la única negociación con Colombia sería para el cumplimiento del fallo de La Haya en el Mar Caribe. Lo enfatizó el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, en un acto público el pasado 2 de septiembre: “Seguiremos cumpliendo con el sagrado deber de resguardar y proteger nuestras aguas y recursos ante aquellos que se niegan a cumplir una sentencia que ya no tiene vuelta atrás”. Es iluso de parte del Gobierno Petro pensar que con los Ortega-Murillo se puede negociar para encontrar un punto intermedio, en el que las partes ceden. La pareja presidencial usa todo diálogo o entendimiento para sacar réditos o ganar tiempo. 

En la lógica de los dictadores de Managua, los presos políticos son delincuentes, y no van admitir una liberación pedida por Petro, por mucho que ambos comulguen –o digan comulgar– en la izquierda… sobre todo cuando los Ortega-Murillo tienen a su favor el Mar Caribe. Es una negociación en la que tienen todas las de ganar, de modo que no tienen por qué supeditar un acuerdo por las aguas delimitadas por La Haya a un pedido “humanitario” de liberación de presos políticos. Nunca tuvo sentido.  

El pasado 9 de septiembre, el canciller colombiano intentó capear las críticas. Álvaro Leyva confirmó que las “gestiones humanitarias” para liberar a los presos políticos fracasaron, y dijo que la comunidad internacional no cuestionó la postura de Bogotá al acercarse a Managua. “De ninguna manera estamos con el señor Ortega… una cosa es una acción humanitaria y otra cosa es una confusión que desafortunadamente tenemos sobre una situación pendiente en la corte internacional”, manifestó el canciller en W Radio. 

Ortega ridiculizó a Petro y su diplomacia que, ante un dictador brutal, trató de colgarse una medalla de negociador internacional con una ingenuidad rampante. Una diplomacia de biberón. Entiendo que Petro, al igual que Gabriel Boric, sean del estilo de acercarse a estos regímenes para buscar una acción efectiva. No obstante, queda demostrado que esa lógica cae en saco roto. Por fin el canciller de Petro entendió que los Ortega-Murillo todo lo resuelven “a las patadas”.

Pero el presidente colombiano no deja de dar traspiés con las dictaduras que le parecen simpáticas, de algún modo. 

Este 14 de septiembre, el mandatario colombiano invitó a Venezuela y Nicaragua a regresar a la OEA. “Hay que iniciar el diálogo, restituir los derechos del pueblo raizal sobre el mar, derechos de pesca, derechos de tránsito, derechos de comunicación libre”, dijo Petro con, digámoslo así, bastante miopía, pues Ortega por ahora no ha dado muestras de negociar el Mar Caribe. Y agregó, en otro anacronismo de cajón de la izquierda bananera: “La OEA se ha dedicado a excluir países, a dividir a América, cuando debería ser el integrador de América por encima de la diversidad ideológica. Deben realizarse dos tareas: que la OEA sea un centro diverso y plural, y que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se fortalezca”. 

Petro pasa por alto que Ortega no quiere regresar a la OEA porque la mayoría de los países del hemisferio han condenado la brutal represión que mi país sufre. A la postre, el dictador sandinista confiscó y se robó las oficinas de la OEA en Managua. De modo que Petro aboga por un paria internacional; un matón y un ladrón que se aísla para proteger su soberanía de la impunidad, esquivando la justicia internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos. 

Lo ideal sería que Petro no reme en seco, como decimos en Nicaragua… que no tenga un hemisferio ideológico jurásico como el de Andrés Manuel López Obrador y condene a la abyecta dictadura Ortega-Murillo sin titubeos, por encima de las simpatías políticas. Sobre todo porque el régimen de Nicaragua no es de izquierda bajo ningún prisma, sino un régimen totalitario y fascista que se disfraza con la retórica revolucionaria. Un Gobierno que, insisto, ha cometido crímenes de lesa humanidad. El presidente Pedro debería demostrar que, en realidad, tiene preocupaciones genuinas por los derechos humanos que van más allá de la vanidad de una diplomacia eficaz, como la tuvo El Vaticano, que también fracasó en esas lides.

* Wilfredo Miranda Aburto es periodista nicaragüense. Cofundador de Divergentes , un medio digital e independiente dedicado a contar lo que ocurre en Centroamérica. Es colaborador del diario El País de España y tiene una columna de opinión en The Washington Post en español. Premio Iberoamericano Rey de España (2018) y Premio Ortega y Gasset (2022).

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